En un controvertido cruce de declaraciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado a Víctor de Aldama como «presunto delincuente» a pesar de que la Constitución española en su artículo 24 establece el derecho a la presunción de inocencia. Este comentario ha suscitado críticas, ya que en el ordenamiento jurídico español, alguien solo es considerado culpable una vez se haya probado tal condición en un tribunal. Sin embargo, Sánchez parece vincular este calificativo a Aldama, que está siendo investigado en relación con la llamada «trama Koldo». En medio de este debate, resalta que el propio Gobierno distinguió anteriormente a Aldama con una condecoración de la Guardia Civil, lo que añade una capa de complejidad a la situación.
Paralelamente, se destaca que, bajo la lógica aplicada por Sánchez, su propia familia también estaría bajo el mismo estigma. Begoña Gómez, esposa del presidente, enfrenta cuatro imputaciones, que incluyen tráfico de influencias y corrupción en los negocios, mientras su hermano, David Sánchez, enfrenta otras cuatro, entre ellas prevaricación y fraude fiscal. La situación se torna aún más paradójica considerando que el periódico que recoge estas declaraciones, OKDIARIO, ha mantenido una postura de referirse a Gómez y David Sánchez como investigados, respetando las citadas garantías constitucionales. Esta situación pone de relieve la necesidad de un uso más preciso y justificado de términos legales por parte de figuras públicas para evitar malentendidos y mantener el respeto por los procesos judiciales en curso.
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