El cambio en la política fiscal del Ayuntamiento de Alcorcón, bajo la administración socialista de Candelaria Testa, ha generado un debate significativo entre los residentes de la región. La implementación de la nueva tasa de basuras derivada de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular significa que las familias de Alcorcón tendrán que enfrentar un incremento sustancial en sus facturas a partir de 2025. Una pareja con dos hijos en una vivienda unifamiliar puede esperar pagar hasta 570 euros anuales, mientras que quienes habiten pisos pagarán una tasa menor, aproximadamente 234 euros, dependiendo del valor catastral de la vivienda. La medida, descrita como el «basurazo» de Pedro Sánchez, busca trasladar el total del coste del servicio de recogida de basura a los contribuyentes, afectando de manera diferente en función del tipo de vivienda y número de habitantes.
Simultáneamente, el Ayuntamiento ha decidido incrementar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en un 5%, lo que permitirá recaudar cerca de 3 millones de euros adicionales, elevando los ingresos municipales en 17 millones en total. La introducción de un recargo de hasta el 150% para grandes tenedores de viviendas vacías también forma parte de esta remodelación fiscal. En contraste, municipios como Alcalá de Henares, gobernados por el Partido Popular, han decidido reaccionar con una rebaja fiscal para mitigar este impacto en sus ciudadanos, reduciendo impuestos municipales por un total de cinco millones de euros durante los próximos tres años. La tensión entre los enfoques fiscales de los distintos municipios de la Comunidad de Madrid refleja un paisaje político y económico complejo, con implicaciones directas en la vida diaria de sus residentes.
Leer noticia completa en OK Diario.
