
Alcanar, un municipio del sur de Tarragona, se enfrenta a una crisis climática exacerbada por las lluvias torrenciales que han desbordado de manera recurrente el barranco del Llop. Esta situación ha llevado al Govern y al ayuntamiento a firmar un acuerdo que marca un hito en Catalunya: los primeros desahucios climáticos para reubicar a los vecinos de las zonas más afectadas. El protocolo contempla la compra de inmuebles gravemente dañados, buscando un acuerdo con los propietarios antes de recurrir a la expropiación. La tasación de las viviendas ya está en curso, un paso esencial que precede a cualquier demolición planificada.
En medio de esta creciente presión, el alcalde Joan Roig ha presentado su dimisión, alegando un agotamiento personal tras años de lidiar con emergencias constantes. Su salida añade incertidumbre en un contexto ya complicado, donde la gestión de la crisis climática se vuelve palpable. Además, el acuerdo incluye un plan de obras hidráulicas con un presupuesto inicial de 163.000 euros, con el objetivo de construir embalses y mejorar el drenaje para prevenir futuras inundaciones. Alcanar se posiciona así como un «laboratorio incómodo» que ilustra el impacto del cambio climático en la vida cotidiana de sus habitantes.
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