En un entorno político ya tenso por las próximas elecciones presidenciales en Colombia, el programa de «paz total» del presidente Gustavo Petro enfrenta duras críticas tras la derogación y posterior reactivación de varias órdenes de captura contra jefes criminales. La controversia comenzó cuando el Gobierno solicitó la suspensión de órdenes de captura para 23 líderes de bandas criminales en Antioquia, alegando que eran gestores de paz. Sin embargo, días después, la fiscal general Luz Adriana Camargo revocó parcialmente esa decisión, reinstaurando las órdenes para 16 de los delincuentes, debido a errores en la solicitud inicial. Esta acción desató una ola de ataques de líderes regionales como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que acusaron al gobierno de fomentar una cultura de impunidad que amenaza la seguridad de sus regiones.
En medio de esta polémica, la situación se ha complicado aún más con acusaciones políticas de que la suspensión de las órdenes de captura favorecía electoralmente al candidato de izquierda Iván Cepeda, aliado del presidente Petro. El exaliado presidencial y ahora candidato Roy Barreras sugirió que los cabecillas podrían estar influenciando el voto a favor de Cepeda, mientras que la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, criticó la legalidad y transparencia del proceso al sugerir que los gestores de paz continuaban delinquiendo. Cepeda ha rechazado categóricamente cualquier apoyo de grupos ilegales y denunció una campaña de desprestigio en su contra. En este contexto, el Alcalde Gutiérrez impulsó un proyecto de ley para eliminar la «paz total», alegando que el actual gobierno abrió la puerta a la influencia criminal en un momento crítico electoralmente. Mientras tanto, la Fiscalía sigue evaluando las órdenes de captura pendientes, reflejando la incertidumbre y la tensión política prevaleciente en el país.
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