Once alcaldes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han unido fuerzas para introducir una reforma a la ley del suelo regional en Madrid, con el objetivo de permitir que la declaración de zonas de mercado residencial tensionado dependa directamente de los municipios, y no del gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso, que hasta ahora ha vetado todas las solicitudes relacionadas. Este cambio legislativo, que será presentado en la Asamblea de Madrid en diciembre, busca establecer un marco más flexible para definir el concepto de gran tenedor de vivienda y asegura que el suelo gestionado a través de plusvalías se destine a la construcción de viviendas sociales. No obstante, se anticipa que la propuesta será rechazada debido a la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) en el parlamento regional, aunque los proponentes esperan que el debate obligue a los conservadores a posicionarse claramente en contra de la regulación de los alquileres.
Entre las medidas propuestas se encuentra la posibilidad de que los ayuntamientos limiten los aumentos del alquiler y restringan las rentas de los grandes propietarios según el Índice de Precios de Referencia. Esta iniciativa se está desarrollando en respuesta a las negativas del gobierno regional de aceptar peticiones de municipalidades como Getafe, Alcorcón y Fuenlabrada, todas gobernadas por el PSOE. Un acuerdo inicial entre nueve alcaldes socialistas, con la suma de dos más, ha impulsado este movimiento, subrayando la urgencia de abordar el acceso a la vivienda asequible, sobre todo para los jóvenes. La estrategia general del PSOE, apoyada por la secretaria general autonómica, Juan Lobato, también abarca una solicitud legislativa para que la vivienda pública permanezca fuera del mercado libre, siguiendo directrices nacionales del partido. Mientras tanto, el gobierno regional defiende que las restricciones a los alquileres interfieren con el derecho a la propiedad y pueden reducir la oferta, un argumento que invalida la estrategia socialista al tiempo que se realiza una comparación con las experiencias regulatorias actuales de Cataluña.
Leer noticia completa en El Pais.
