En un giro significativo hacia la estabilidad en la región, la nueva Administración ha anunciado la disolución de todas las facciones armadas, incluyendo a Hayat Tahrir Al Sham (HTS), la poderosa milicia que previamente había protagonizado la ofensiva contra el presidente depuesto. Este movimiento es parte de un esfuerzo más amplio para consolidar el poder central y restablecer el orden después de años de conflicto e inestabilidad que han dejado al país en una situación de crisis humanitaria y política. La disolución de estas milicias busca frenar el ciclo de violencia y facilitar un proceso de reconciliación nacional, aunque el éxito de esta iniciativa dependerá de la prevalencia de la autoridad del nuevo gobierno y de su capacidad para integrar a los combatientes desarmados en la sociedad civil.
La medida, recibida con una mezcla de esperanza y escepticismo por parte de la comunidad internacional, representa un paso audaz hacia la pacificación del territorio, aunque también plantea interrogantes sobre el futuro de los excombatientes y la estabilidad política a largo plazo. Las voces críticas advierten sobre el riesgo de que estos grupos armados se reorganicen clandestinamente o se radicalicen aún más, en caso de no recibir el apoyo social y económico necesario para su reintegración. Por su parte, la Administración sostiene que está comprometida a implementar políticas de desarrollo y programas de desmovilización que garanticen una transición pacífica. En este delicado equilibrio entre fuerza y diplomacia, se juega el destino de un país en busca de recuperación y normalización.
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