La tensión en Barcelona crece a medida que se acerca el desahucio de la Casa Orsola, un lugar que se ha convertido en símbolo de la resistencia vecinal contra la especulación inmobiliaria. Josep Torrent, el inquilino afectado, enfrentará a la comitiva judicial con firmeza y paz. Desde 2021, lucha contra el fondo de inversiones Lioness, responsable de su desalojo tras 22 años en el lugar. Respaldado por centenares de protestantes, Josep denuncia que el problema es parte de una crisis habitacional más amplia en la ciudad. Envió una carta abierta a los líderes políticos responsabilizándolos por la situación, acusando las políticas que permiten que fondos inmobiliarios especulen con las viviendas. A pesar de haber continuado pagando su alquiler, Lioness opta por proceder con el desahucio, imponiendo mayor presión sobre el vecindario y la necesidad de soluciones políticas.
En respuesta, los residentes organizaron una serie de protestas junto al Sindicat de Llogateres, comenzando una maratón de acciones hasta la llegada prevista de la comitiva judicial. Figuras públicas y activistas han mostrado su apoyo, convirtiendo la resistencia en un evento mediático que incluye conciertos y debates sobre el derecho a la vivienda. La movilización contó también con apoyo del mundo cultural durante los Premios Gaudí. Paralelamente, el Síndic de Greuges pidió mediación para buscar un acuerdo de consenso, instando al Ayuntamiento de Barcelona a intervenir. El consistorio pidió suspender el desahucio, aunque la respuesta fue criticada por ser tardía. BComú demanda la presencia del alcalde en el lugar, mientras ERC recalca la necesidad de priorizar una ciudad para vivir, en lugar de un espacio de inversión.
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