Dos comunidades autónomas han levantado la voz tras la divulgación del plan de distribución de los 12.888 millones de euros destinados a proyectos estratégicos. El plan otorga a Madrid y Barcelona más de la mitad de estos fondos, lo que ha generado un malestar significativo en otras regiones que consideran esta asignación como injusta. Las autoridades regionales argumentan que esta decisión perpetúa desequilibrios territoriales y favorece desmesuradamente a las dos principales metrópolis del país en detrimento de otras áreas que también necesitan inversiones para impulsar su desarrollo económico.
El descontento ha llevado a los gobiernos autonómicos a exigir una revisión del reparto, solicitando un modelo de distribución más equitativo. Se plantea que las inversiones deben considerar las necesidades específicas de cada región y no concentrarse únicamente en las áreas de mayor densidad poblacional. Esta controversia resalta la creciente presión por un federalismo fiscal más equilibrado, donde los recursos del Estado se distribuyan de manera que cada rincón del país pueda beneficiarse equitativamente del progreso económico y social.
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