La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) se encuentra en el centro de una controversia tras la publicación de un informe por parte de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO). Dicho informe señala que la agencia no ha cumplido con ninguna de las seis principales protecciones de privacidad establecidas en tres de sus programas de vigilancia fronteriza, que incluyen torres de vigilancia, aerostatos y sensores de suelo desatendidos.
La GAO comparó las políticas de CBP con seis principios fundamentales de Prácticas Justas de Información. Estas prácticas son obligatorias para las agencias gubernamentales al evaluar sistemas y procesos que puedan impactar la privacidad, de acuerdo a las directrices de la Oficina de Administración y Presupuesto y las regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional. El informe de GAO resalta que CBP no abordó adecuadamente la recolección de datos, la especificación de propósito, el intercambio de información, la seguridad de los datos, la retención de datos y la responsabilidad.
El análisis reveló que ninguna de las políticas tecnológicas, procedimientos operativos estándar o directrices disponibles menciona cómo los usuarios deben manejar estas tecnologías respecto a los principios de privacidad. CBP opera numerosas torres de vigilancia a lo largo de las fronteras norte y sur del país, algunas con capacidad de captura de imágenes a más de siete millas de distancia. Además, utiliza grandes aerostatos equipados con radar y ha desplegado dispositivos más pequeños en el suroeste de Estados Unidos para transmitir videos de áreas específicas.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la Electronic Frontier Foundation (EFF), han expresado inquietud sobre el impacto negativo que las tecnologías de vigilancia militarizadas de CBP tienen en la privacidad de las comunidades fronterizas. Estas comunidades a menudo ven sus derechos comprometidos en nombre de una mayor seguridad fronteriza.
A pesar de las críticas, CBP defiende sus prácticas diciendo que, en cierta medida, aborda los principios de prácticas justas en sus Evaluaciones de Impacto sobre la Privacidad. Sin embargo, la GAO ha refutado esta afirmación, señalando que tales documentos no proporcionan instrucciones suficientes para garantizar que el personal proteja la privacidad al desplegar estas tecnologías y usar los datos recopilados.
En respuesta a estos hallazgos, la GAO recomienda que el Comisionado de CBP requiera que cada política relacionada con la detección y monitoreo tecnológico considere las protecciones de privacidad delineadas en los principios de Práctica Justa de Información. Por su parte, la EFF solicita al Congreso que responsabilice a CBP y detenga la aprobación de grandes presupuestos destinados a tecnologías de seguridad fronteriza que consideran mal gestionadas por la agencia.
