La administración de Donald Trump ha intensificado su ofensiva contra la inmigración, no solo enfocándose en los migrantes indocumentados, sino también en aquellos que los defienden legalmente. En un movimiento reciente, el gobierno ha decidido eliminar el Programa Nacional de Representantes Cualificados, que proporcionaba asistencia a inmigrantes con discapacidades mentales. Este cambio afecta a aproximadamente 200 beneficiarios y ha generado una demanda legal en un tribunal federal de Columbia, presentada por abogados de inmigración. La directora de la Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocosas, Laura Lunn, denunció la medida como «despiadada y cruel», argumentando que discrimina a personas con discapacidades.
La cancelación del programa coincide con la recepción de un caso de un detenido con enfermedad mental que requería asistencia legal. Actualmente, solo los estados de Arizona, California y Washington continúan con el programa debido a acuerdos judiciales previos. Esta decisión añade presión sobre los emigrantes que carecen de recursos para defenderse, facilitando su deportación y dejándolos sin acceso a asistencia médica y psicosocial. Simultáneamente, el recorte de fondos para la representación legal de menores migrantes desampara a miles de ellos en procesos judiciales. A pesar de las críticas, Trump sostiene que la asistencia legal está obstaculizando la expulsión de migrantes, defendiendo sanciones contra abogados que considera promueven litigios innecesarios.
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