El gobierno de Donald Trump ha desoído la orden de la jueza de distrito de Maryland, Paula Xinis, que le exigía detallar cómo planea repatriar a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado por error. La deportación, calificada de «ilegal» por Xinis, fue admitida como un «error administrativo» por la Administración actual. Sin embargo, el gobierno ha argumentado que ya no puede tomar acciones porque Ábrego García está bajo la custodia de las autoridades salvadoreñas. La jueza solicitó al gobierno compartir los pasos a seguir tras el respaldo del Tribunal Supremo a su fallo inicial, que pedía «facilitar» el retorno de Ábrego García al país. Pese a la ampliación del plazo dado a las 11:30 de la mañana, los abogados del Departamento de Justicia alegaron falta de tiempo para cumplir con lo ordenado.
La disputa refleja una creciente tensión entre el gobierno de Trump y el poder judicial, ya que no es la primera vez que la Administración desafía una orden judicial. El Supremo exigió que el gobierno «facilite» el retorno del salvadoreño al país, pero se mostró cauteloso respecto al término «efectuar», expresando dudas sobre el alcance de las facultades judiciales en este ámbito. Ábrego García, deportado junto a otros inmigrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, había sido erróneamente vinculado a pandillas terroristas sin pruebas concluyentes y escapó de su país natal a los 16 años debido a amenazas de pandillas. A pesar de su vida estable y su trabajo en Maryland, enfrenta ahora un retorno incierto en El Salvador.
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