El reciente accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que involucró un tren de alta velocidad de Iryo y un convoy Alvia de Renfe, ha suscitado una serie de cuestionamientos sobre la gestión y conservación de las pruebas tras el siniestro. La cadena de custodia ha sido puesta en entredicho luego de que el gestor de infraestructuras Adif, sin autorización judicial previa, retirara y almacenara restos del accidente en sus instalaciones en Hornachuelos. Una providencia firmada por la jueza Cristina Pastor exige a Adif abstenerse de manipular o trasladar material relacionado con la investigación sin autorización, y ordena la restitución inmediata de los restos a fin de evitar responsabilidades penales. Esta situación ha generado tensión en el proceso judicial, gestionado por el Tribunal de Instancia de Montoro.
Adif, tras solicitar permiso el 26 de enero, argumentó la necesidad urgente de intervenir en la zona del accidente para ejecutar labores de reconstrucción y reparación necesarias para restablecer el servicio ferroviario. La jueza María Jesús Salamanca, tras recibir informes que confirmaban la finalización de las inspecciones oculares por parte de la Guardia Civil, autorizó el acceso de Adif al lugar del siniestro bajo estrictas condiciones. Antes de dicha intervención, se aseguró de que la entrada de maquinaria pesada no interferiría en la investigación, estableciendo que todos los vestigios recogidos debían ser perfectamente inventariados y puestos a disposición judicial para preservar la integridad del proceso.
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