Hace casi 40 años, el asesinato del periodista Manuel Buendía en 1984 se convirtió en un escándalo que reveló las complejidades del sistema político mexicano, caracterizado por su falta de transparencia y corrupción. La entonces procuradora del Distrito Federal, Victoria Adato, enfrentó críticas por su ineficaz manejo del caso y tambaleó en su cargo tras el hallazgo de cuerpos torturados bajo los escombros de la Procuraduría tras el terremoto de 1985. A pesar de la controversia, Adato fue promovida a ministra de la Suprema Corte, mostrando cómo el sistema priista premiaba a sus miembros aun en medio de crisis. Su caso ilustra cómo se encubrían problemas sin admitirlos, una práctica común en el régimen de la época.
En el presente, la atención se centra en Adán Augusto López Hernández, quien enfrenta cuestionamientos sobre su futuro político tras el controvertido caso La Barredora. A pesar de rumores sobre su posible caída, el escenario político actual, bajo el liderazgo de Morena, difiere del panorama priista. Mientras el obradorismo aún goza de popularidad y el respaldo de la presidencia de Claudia Sheinbaum, cualquier decisión sobre López Hernández debe considerar las implicaciones internas y externas para el partido. Aunque su futuro no está decidido, persiste la preocupación sobre si las decisiones se enfocarán en resolver crisis o simplemente en mantener las «formas» tradicionales de política, sin necesariamente beneficiar a la sociedad mexicana.
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