El juicio en el Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, ha generado una intensa controversia. Gabriel Rodríguez-Ramos, abogado de Alberto González Amador, ha acusado al fiscal general del Estado de fabricar un relato anticipado de confesión y culpabilidad contra su cliente. Durante su exposición, Rodríguez-Ramos afirmó que García Ortiz filtró a la prensa un correo electrónico en el que González Amador admitía delitos fiscales, lo cual habría menoscabado su presunción de inocencia. La filtración se habría producido, según el letrado, como respuesta a un «bulo» difundido por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso para desacreditar a la Fiscalía.

El abogado criticó duramente el proceder de varios periodistas que testificaron, sugiriendo que su compromiso con la verdad podría verse afectado por sus intereses profesionales. Aunque uno de los reporteros confirmó haber tenido acceso al correo antes de su difusión pública, Rodríguez-Ramos insistió en que la acción de García Ortiz fue deliberada y violatoria del secreto, pese a que la información ya circulaba en los medios. La defensa del fiscal general sostiene que la publicación de correos era necesaria para aclarar la situación, mientras que para Rodríguez-Ramos, este acto no solo comprometió el derecho a la intimidad y defensa de González Amador, sino que también alineó un relato judicial con intereses políticos.

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