En un sorprendente giro de eventos que podría desencadenar un escándalo de proporciones épicas en la arena de la ciberseguridad estadounidense, Daniel Berulis, experto en seguridad informática federal, ha levantado una grave acusación sobre un sistema comprometido por el grupo conocido como DOGE. Las implicaciones de esta denuncia apuntan a un posible ciberataque que permite a actores extranjeros, con nexos sospechosos con Rusia, acceder a información sensible del gobierno.
Berulis, quien desempeña un papel crucial como arquitecto DevSecOps en la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), afirma que DOGE —presuntamente conectado al visionario empresario Elon Musk— habría logrado una infiltración sin precedentes. Según aseveraciones del denunciante, esta infiltración traspasó los límites establecidos al otorgar al grupo de acceso total a los sistemas de la NLRB, facilitando así la manipulación ilícita de datos críticos.
La denuncia de Berulis, que ha captado la atención de Whistleblower Aid, revela intentos de acceso a las cuentas recién creadas por el grupo DOGE. Lo alarmante es que estos intentos, registrados con direcciones IP de origen ruso, fueron rechazados gracias a políticas de seguridad en vigor, pero los intrusos ya poseían credenciales válidas. Esta situación sugiere una filtración inmediata y muy preocupante de las medidas de ciberseguridad.
Más inquietante aún resulta la exfiltración de aproximadamente 10 gigabytes de datos de los servidores de la agencia y la desactivación de controles esenciales como la autenticación multifactor. Estos actos, junto con alteraciones en las políticas de acceso que facilitaron la salida no detectada de información gubernamental, construyen un panorama de vulnerabilidad altamente crítico.
Adicionalmente, la situación se torna personal y amenazante para Berulis. Antes de ratificar su declaración, recibió en su residencia una advertencia intimidatoria, confirmada por su abogado Andrew Bakaj. La amenaza incluía una nota y fotografías de vigilancia tomadas con dron, configurando un acto calculado para coaccionar al informático.
Por su parte, la NLRB ha rebatido las acusaciones, calificando la denuncia de Berulis como infundada y asegurando que no se ha producido ningún incidente de seguridad. No obstante, esta negación no mengua las dudas ni el llamado a la acción. El congresista demócrata Gerry Connolly ha exigido una investigación exhaustiva por parte de los inspectores generales pertinentes, incidiendo en un potencial conflicto de intereses debido a la conexión entre Elon Musk y las agencias involucradas.
El grupo DOGE, órgano fundado bajo la administración de Trump, ha sido previamente objeto de controversias por su acceso aparente excesivo a sistemas del gobierno. La situación toma tintes de un escándalo de espionaje digital que podría rivalizar con episodios históricos como Watergate, sugiriendo una infiltración intencional con consecuencias que podrían impactar gravemente la seguridad nacional.
A medida que la investigación avanza, tanto el mundo tecnológico como el político mantienen una vigilancia estrecha sobre un caso que podría reformular la dinámica de cómo los actores privados interactúan con las estructuras digitales del gobierno, y redefinir el concepto de cooperación en los sistemas de información crítica de los Estados Unidos.
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