Tras intensas negociaciones en Bruselas, la Unión Europea logró alcanzar un acuerdo tras dos días de deliberaciones, destacando la firme oposición de España ante las propuestas de la Comisión Europea. El principal punto de discordia giraba en torno a los recortes propuestos en los días de pesca en el Mediterráneo, una medida que había provocado considerable resistencia por parte del gobierno español. España argumentó que tales restricciones afectarían significativamente a su industria pesquera, comprometida ya por anteriores regulaciones, y defendió la necesidad de proteger tanto la sostenibilidad medioambiental como la viabilidad económica del sector.
Finalmente, y tras amplias discusiones, los Estados miembros llegaron a un compromiso que equilibra las preocupaciones medioambientales con la necesidad de mantener la actividad económica en las comunidades dependientes de la pesca. Aunque el acuerdo mantiene ciertas reducciones en los días de pesca, se consiguió suavizar las medidas originalmente planteadas, permitiendo a los países afectados un periodo de adaptación más gradual. Este consenso fue recibido con cautela por el sector pesquero, que continúa preocupado por el impacto a largo plazo de las medidas, pero valora el esfuerzo realizado para encontrar un terreno común en este complejo desafío.
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