La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, formalizó un importante convenio en la Real Casa de Correos junto con los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, y CSIT-Unión Profesional. Este acuerdo, el decimonoveno desde 2019, entrará en vigor el próximo 1 de enero y se extenderá por cuatro años. Durante este período, el Ejecutivo autonómico tiene previsto invertir 60 millones de euros en el desarrollo de nuevas políticas de personal que redefinirán la evaluación laboral en la Administración regional.
El convenio introduce un sistema de acumulación de méritos para los empleados públicos, centrado en la evaluación del desempeño laboral, la formación recibida o impartida, el compromiso con el servicio público, la ocupación de puestos de alta exigencia y el nivel de absentismo. Aquellos que destaquen en estos aspectos podrán ascender en su carrera profesional y recibir una compensación económica adicional. “Queremos modernizar nuestro modelo de Administración, apostando por un sistema de evaluación que valore la excelencia, el talento y el esfuerzo”, afirmó Díaz Ayuso. Las evaluaciones de desempeño estarán directamente relacionadas con las retribuciones de los empleados, cuyas metas serán claras y proporcionadas.
Este nuevo convenio marca un hito en la historia de la Administración autonómica al establecer un modelo sistemático, general e integrado para valorar el trabajo del personal. Representa, por tanto, un salto cualitativo en la modernización del empleo público y la mejora de los servicios ofrecidos a los ciudadanos. La presidenta subrayó que el acuerdo garantiza la continuidad de las políticas de personal del Gobierno regional sin interrupciones temporales, asegurando el principio de seguridad jurídica con su entrada en vigor al día siguiente de la conclusión del contrato anterior.
Además, el convenio aborda diversos aspectos que incluyen el teletrabajo, el régimen de permisos, la promoción interna, la agilización de procesos selectivos y la implementación de nuevos modelos formativos. Este enfoque integral promete reforzar la eficacia de la Administración regional y ofrecer un servicio más optimizado y moderno a los ciudadanos. En definitiva, se trata de una apuesta decidida por la innovación y la excelencia en el servicio público, situando a los empleados en el centro de esta transformación.
