El Gobierno central y la Generalitat de Cataluña han alcanzado un acuerdo para establecer un nuevo modelo de financiación que otorga ventajas económicas específicas a la región. Este pacto, que rompe con el tradicional sistema de «caja común», permite a Cataluña gestionar sus recursos de manera más autónoma y asegura fondos estatales para sus competencias exclusivas. La medida busca resolver antiguas tensiones por la distribución de recursos y promete mejorar la capacidad de la Generalitat para atender sus necesidades específicas, aunque ha suscitado críticas en otras comunidades españolas que temen un trato desigual.
El acuerdo representa un avance significativo en la relación financiera entre Cataluña y el Gobierno central, evidenciando un enfoque más flexible y adaptado a las características de la comunidad. A pesar del optimismo de ambos Gobiernos, el pacto no está exento de controversias, ya que otras regiones han solicitado revisiones similares en sus esquemas de financiación. Este avance se produce en un contexto de complejas negociaciones para abordar los desequilibrios históricos en la asignación de recursos, y podría sentar un precedente clave para futuras discusiones fiscales en el país.
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