El Consejo de Ministros de España ha dado un paso significativo en su compromiso con la mejora del sistema de salud pública al aprobar el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Sanidad, tiene como objetivo central reforzar la gestión pública en la organización y administración de los servicios sanitarios, reafirmando valores fundamentales como la universalidad, equidad, y calidad.
El proyecto de ley busca establecer un marco normativo coherente que garantice la sostenibilidad y buen gobierno del SNS, en un contexto donde el crecimiento de modelos privados ha afectado la transparencia y la efectividad del control institucional. Estudios internacionales avalan esta postura, demostrando que los sistemas públicos han sido más eficientes en la utilización de recursos comparados con modelos privatizados, subrayando el valor de una gestión pública robusta.
Un análisis particular al contexto español reveló que modelos de gestión indirecta, como el modelo Alzira, presentaron resultados desfavorables en indicadores claves como hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus, en comparación con hospitales públicos equivalentes. Además, se observó que la privatización tendió a reducir plantillas, comprometiendo la calidad y sostenibilidad del servicio.
Bajo esta legislación, se prioriza la gestión directa de servicios, regulando que esta sea conducida exclusivamente por administraciones sanitarias competentes o a través de consorcios sanitarios formados por varias entidades públicas. La gestión indirecta se considera excepcional y solo factible si se demuestra que no es posible una prestación directa, siempre asegurando la sostenibilidad financiera y la calidad del servicio. Además, se requiere un proceso de evaluación exhaustivo que involucra a expertos del ámbito sanitario y representantes profesionales.
El anteproyecto también proporciona un marco claro para la regulación de consorcios sanitarios, estableciendo su adscripción a una administración sanitaria específica y asegurando la transparencia mediante auditorías obligatorias.
En un esfuerzo por fortalecer la gobernanza, se implementarán medidas de control y evaluación continua, con la obligación para las administraciones de publicar información detallada sobre la contratación y resultados de calidad. Asimismo, se contempla la externalización de auditorías con garantías contra conflictos de interés.
Por otro lado, se resalta la importancia de revisar experiencias pasadas de gestión privada en el SNS, con el compromiso de producir un informe evaluado por expertos en el plazo de un año. Las administraciones que deseen reintegrar servicios previamente externalizados contarán con el asesoramiento técnico adecuado.
Finalmente, el anteproyecto propone derogar la Ley 15/1997 y modificar aspectos de la Ley General de Sanidad, introduciendo además nuevas disposiciones en la Ley de Contratos del Sector Público para favorecer a entidades sin ánimo de lucro en situaciones de empate, mientras se respeta la validez de contratos existentes hasta su expiración. Este conjunto de medidas sugiere una renovada estrategia hacia un sistema de salud más equitativo y sostenible en España.
Fuente: Ministerio de Sanidad
