Recientes declaraciones de Flock Safety, una compañía dedicada a la vigilancia, han provocado una fuerte polémica en torno al uso de datos y las preocupaciones de privacidad. La empresa, bajo el escrutinio público, ha enfrentado severas críticas tras incidentes que resaltan problemas de abuso y falta de regulación en sus sistemas de lectores automáticos de matrículas.
Uno de los casos más comentados involucra a una oficina del sheriff en Texas que, utilizando datos de más de 83,000 cámaras, rastreó a una mujer tras decidir interrumpir su embarazo. Flock Safety, confrontada con las acusaciones, afirmó que la cobertura mediática era «intencionalmente engañosa», justificando que la mujer había sido buscada como una persona desaparecida por petición familiar. Sin embargo, la justificación no aborda el problema de fondo: el uso indebido de una red de vigilancia para motivos médicos personales.
La empresa también enfrenta críticas por facilitar deportaciones, algo que, aunque sin un acuerdo formal con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha sido documentado mediante más de 4,000 búsquedas cooperativas realizadas por policías locales y agencias federales. Esta situación demuestra una preocupante falta de supervisión, ya que las asociaciones informales permiten el acceso a datos sin los controles legales requeridos por un contrato federal.
Flock Safety defiende que la responsabilidad es de cada agencia de aplicación de la ley, mientras promueve el uso compartido de datos como crucial en investigaciones. Este doble discurso subraya el peligro de que las redes sirvan para hostigar a grupos vulnerables como solicitantes de aborto e inmigrantes.
Desde su creación en 2017, Flock ha visto un crecimiento exponencial, alcanzando un valor de 7,5 mil millones de dólares y apoyando la creación de políticas de uso poco restrictivas. Su nueva Business Network fomenta el intercambio de datos entre clientes privados, replicando el modelo ya aplicado entre las fuerzas del orden, pero sin regulaciones claras.
El uso extensivo de estas tecnologías ha llevado a casos como el de Illinois, donde se ha tenido que reentrenar a oficiales para evitar violaciones a las leyes estatales. La falta de uniformidad en las políticas de privacidad y seguridad entre distintas jurisdicciones agrava aún más el problema.
Los lectores automáticos de matrículas son vulnerables tanto técnica como humanamente, y cualquier brecha en estas bases de datos puede resultar en acoso o extorsión. Flock se encuentra en una posición que compromete la privacidad de millones de estadounidenses.
Aunque Flock Safety ha prometido actualizaciones en sus sistemas, estas carecen de reformas significativas, y las ciudades de Austin, Denver y San Diego comienzan a resistir la implementación de su infraestructura de vigilancia. La comunidad debate entre los beneficios de estos sistemas y los riesgos potenciales para ciudadanos vulnerables.
En vista de la amplitud y falta de regulación de estas redes, el camino claro para la protección de los derechos y la seguridad de las personas es el desmantelamiento total de estas tecnologías. La presión para eliminar estas redes de vigilancia se intensifica, sugiriendo que es un paso crucial hacia la salvaguarda de la privacidad.
