La ministra de Sanidad, Mónica García, clausuró el martes en Madrid la jornada «Cinco años de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia: Avanzando en derechos». La cita sirvió para presentar los datos de 2025 sobre la prestación de ayuda para morir en España, que muestran un aumento sostenido desde la entrada en vigor de la ley en 2021.
Según los informes provisionales del Ministerio, en 2025 se realizaron 565 prestaciones de ayuda para morir, lo que representa el 0,13% del total de fallecimientos en el país, o un caso por cada 750 decesos. Desde la aprobación de la ley en 2021, 1.668 personas han ejercido este derecho. Solo en 2025 se registraron 1.284 solicitudes, de las 3.716 presentadas en total desde esa fecha.
El análisis territorial muestra diferencias marcadas. Cataluña encabeza el ranking con 6,14 solicitudes por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media nacional de 2,61. La siguen Navarra (5,41) y el País Vasco (5,13). La Rioja y las Islas Baleares también superaron la media nacional.
Las enfermedades oncológicas suponen el 37% de las solicitudes iniciales, pero en las prestaciones efectivas son las neurológicas las más frecuentes, con un 46%. El dato muestra que el perfil clínico que llega a completar el proceso difiere del que lo inicia.
De los 1.187 procesos completados en 2025, el 47,7% acabaron con la prestación efectiva, el 31,5% concluyeron por fallecimiento del solicitante durante el proceso (mayoritariamente por patologías oncológicas), el 13,2% fueron denegados y el 8% revocados por los propios solicitantes.
Con un 0,13% de mortalidad por ayuda para morir, España está lejos de países como los Países Bajos, Canadá y Bélgica, donde la tasa oscila entre el 4% y el 6%. La diferencia refleja que la ley española aún está en una fase de adopción gradual.
La jornada incluyó propuestas para extender el derecho de forma más homogénea en todo el territorio. En una semana marcada por la agenda de derechos y reconocimientos, el Ayuntamiento de Madrid celebró el homenaje a 272 jubilados de Seguridad y Emergencias, mientras la asesoría de ANPE Madrid orientaba a docentes sobre cómo solicitar la jubilación parcial o anticipada.
565 prestaciones de ayuda para morir, el 0,13% del total de fallecimientos, o un caso por cada 750 decesos.
3.716 desde 2021, de las cuales 1.284 corresponden solo a 2025. Un total de 1.668 personas han llegado a ejercer el derecho.
Cataluña (6,14 por 100.000 hab.), Navarra (5,41) y País Vasco (5,13), todas por encima de la media nacional de 2,61.
Las oncológicas suponen el 37% de las solicitudes iniciales, pero en las prestaciones efectivas las neurológicas son las más frecuentes (46%).
Con un 0,13% de mortalidad asociada, España queda muy por debajo de países como los Países Bajos, Canadá o Bélgica, donde la tasa oscila entre el 4% y el 6%.
