En el marco de una estrategia nacional para enfrentar los desafíos del envejecimiento de la población, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha dado un importante paso al aprobar la «Actualización del documento de consenso sobre prevención de la fragilidad y caídas en la persona mayor (2026)». Con esta acción, el organismo busca fortalecer las estrategias de prevención y tratamiento de dos de los problemas más graves que enfrentan las personas mayores: la fragilidad y las caídas.
El documento, que integra la evidencia científica más reciente, también establece un modelo de abordaje integral para estos problemas. La fragilidad afecta a un 18% de las personas mayores, alcanzando hasta un 38% en aquellos mayores de 85 años, siendo más común en mujeres. Este estado de vulnerabilidad en la salud genera un gasto anual de 2.500 euros por persona afectada, el doble en comparación con las personas no frágiles.
Las caídas representan un problema crítico de salud pública. Aproximadamente el 30% de las personas mayores de 65 años experimentan al menos una caída al año, con una importante proporción de estos incidentes resultando en fracturas que requieren atención médica. En España, las caídas son la primera causa de muerte por causas externas en este grupo poblacional, con más de 3.000 fallecimientos al año.
Uno de los aspectos innovadores de la actualización es el enfoque conjunto de la fragilidad y las caídas, reconociendo su conexión y el impacto en la disminución de la capacidad funcional. La política también enfatiza la importancia de la detección precoz a través de la participación activa de los servicios de Atención Primaria y distintos ámbitos comunitarios, como centros sociosanitarios y farmacias.
El modelo de intervención se basa en la evaluación de riesgo personalizada, clasificando a los individuos en niveles bajo, medio, alto y muy alto, lo que permite ajustar las intervenciones específicas para cada persona. Estas intervenciones incluyen ejercicio físico adaptado, recomendaciones nutricionales precisas, revisión de medicación y evaluaciones de seguridad doméstica bajo la Valoración Geriátrica Integral.
Además de estos esfuerzos, la política destaca la necesidad de una coordinación óptima entre los diferentes niveles asistenciales y sectores, promoviendo una atención más integrada y centrada en la persona. La implementación de estas directrices se alinea con el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, que espera su adopción por al menos el 50% de las comunidades y ciudades autónomas para 2027.
El Ministerio de Sanidad llevará a cabo evaluaciones bianuales para controlar la implementación del programa y su efecto en la salud y autonomía de las personas mayores. Esta actualización subraya el compromiso del ministerio con el fomento de un envejecimiento saludable y la prevención de discapacidades a través de intervenciones basadas en la evidencia científica, reforzando los lazos entre los diferentes niveles de atención sanitaria y las necesidades individuales de los ciudadanos.
Fuente: Ministerio de Sanidad
