El proyecto de sentencia que busca anular parte de la reforma judicial promovida por el gobierno enfrenta un delicado panorama en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Para que la resolución prospere, se necesitan ocho de los once votos en el máximo tribunal, un desafío mayor ahora que el ministro Alberto Pérez Dayán, habitualmente alineado con el bloque mayoritario, ha anunciado su decisión de apartarse en esta ocasión. La propuesta, elaborada por el ministro Juan Luis González Alcántara, sugiere que únicamente los ministros del Supremo y los magistrados electorales sean elegidos por voto popular, mientras que los jueces de distrito y magistrados de circuito se mantendrán sujetos a los criterios tradicionales de ascenso dentro de la carrera judicial. Esta postura ha generado tensiones entre las filas del oficialismo, cuyo objetivo es que todos los jueces sean elegidos en las urnas a partir de 2025. De mantenerse firme en su postura durante la votación en el pleno, Pérez Dayán contribuiría a un escenario que muy bien podría cambiar el destino laboral de cientos de jueces.
Actualmente, el pleno de la Suprema Corte se encuentra en una discusión técnica sobre su autoridad para revisar reformas constitucionales a través de acciones de inconstitucionalidad, herramienta que ha sido empleada por partidos opositores en este caso. Pérez Dayán ha recordado un precedente establecido por la misma Corte en 2016, cuando se concluyó que la Constitución mexicana no puede ser sometida a revisión en este contexto, reflejando un argumento que actualmente respalda el grupo oficialista. No obstante, otros ministros han sostenido que una reforma defectuosa no alcanza a ser parte integral de la Carta Magna, sino simplemente un intento de modificación. Pérez Dayán considera insensata la propuesta actual de González Alcántara y ha manifestado que sería más adecuado abordar el asunto desde la perspectiva de la protección de derechos humanos, en lugar de enfrentarse a una norma electoral. Esta polarización al interior del máximo tribunal resalta no solo el impacto en la independencia judicial y la división de poderes, sino también las implicaciones personales para muchos jueces que podrían ver truncadas sus carreras.
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