En un esfuerzo por evaluar la aplicación de la condicionalidad reforzada en España, un reciente informe analiza los datos recopilados de los controles efectuados durante el año 2023. Dichos datos fueron proporcionados por las 17 comunidades autónomas y comunicados al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) a fecha del 30 de septiembre de 2024, en cumplimiento con el artículo 12.3 del Real Decreto 1049/2022.
El informe, disponible para el público, detalla cómo se han implementado los controles en cada comunidad y ofrece una visión integral del cumplimiento de las normativas establecidas para garantizar el uso responsable de los recursos agrarios y financieros.
En un contexto donde la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente son prioritarios, la condicionalidad reforzada se presenta como una herramienta clave para asegurar que los fondos asignados a los sectores agrarios se utilicen de manera efectiva y conforme a las políticas establecidas por la Unión Europea.
El análisis revela variaciones significativas en el cumplimiento entre las distintas regiones, subrayando la necesidad de armonizar prácticas y enfoques para mejorar la eficacia de las medidas. Las autoridades competentes llaman a reforzar la cooperación interregional para superar los desafíos identificados.
Asimismo, el informe sugiere una serie de recomendaciones destinadas a mejorar los mecanismos de control y asegurar el cumplimiento riguroso de las normativas establecidas. Estas acciones buscan no solo cumplir con las exigencias comunitarias, sino también proteger el medio ambiente y aumentar la competitividad del sector agrario español en el ámbito europeo.
Los hallazgos del informe fomentan el debate sobre la importancia de la buena gestión y el control de los recursos públicos, destacando la responsabilidad compartida entre las autoridades nacionales y regionales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y eficiencia en el sector.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
