El Gobierno español ha dado un paso significativo hacia la adaptación a los desafíos de la era digital con la aprobación de una nueva ley del derecho de rectificación. Esta normativa, que se engloba dentro del Plan de Acción por la Democracia del Ejecutivo, marca un avance importante en la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la desinformación y los abusos en los entornos digitales. La ley se extiende ahora más allá de los medios tradicionales, abarcando también a las plataformas digitales y a los influencers en redes sociales, reconociendo el impacto masivo que estos últimos pueden tener en la opinión pública.
Esta legislación se aplicará a aquellos usuarios con más de 100,000 seguidores en una sola red social o 200,000 seguidores acumulados en varias plataformas. Esta medida reconoce que los influencers pueden general un impacto similar al de los medios de comunicación convencionales. Asimismo, las plataformas digitales y los medios online estarán obligados a establecer mecanismos accesibles para la solicitud de rectificaciones, garantizando que estas sean visibles y se enlacen junto a la publicación original.
En un esfuerzo por facilitar el proceso, la nueva norma simplifica el procedimiento para solicitar rectificaciones, eliminando la necesidad de contactar al director del medio y ampliando el plazo para la solicitud de 7 a 10 días. Además, se establece que la difusión de la rectificación será gratuita y deberá publicarse con la misma relevancia que la noticia original. Esto supone un fortalecimiento de los derechos de las personas con discapacidad y de los familiares de personas fallecidas, en relación con informaciones que puedan afectarles.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha subrayado que esta normativa responde a los cambios tecnológicos y sociales actuales. En un entorno donde la proliferación de contenidos digitales es constante y la influencia de las plataformas online e influencers es cada vez mayor, se hace indispensable garantizar que los ciudadanos puedan protegerse frente a informaciones falsas o inexactas que puedan dañar su reputación y honor.
La ley también pone un especial énfasis en la responsabilidad de los creadores de contenidos con gran alcance, imponiéndoles la obligación de actuar con transparencia. Los medios online y las plataformas digitales deberán implementar mecanismos eficaces para solicitar y publicar rectificaciones, asegurando su visibilidad y verificabilidad. Esto representa un avance importante en la lucha contra la desinformación y refuerza los derechos de los usuarios en el entorno digital.
Con esta ley, el Gobierno español se alinea con las nuevas dinámicas del consumo de información, promoviendo un entorno digital más responsable donde la transparencia y la veracidad son primordiales. En un contexto de creciente desinformación, la normativa busca proteger a los ciudadanos, asegurando que los contenidos erróneos o manipulados puedan corregirse de forma rápida y accesible. Esta medida es un ejemplo de adaptación legislativa a las realidades del presente, dando prioridad a un debate público de calidad, adaptado a las exigencias tecnológicas actuales.
