Los acreedores de España han intensificado su presión sobre el Gobierno, reclamando 688 millones de euros después de que siete laudos internacionales fallaran en su contra debido al recorte a las primas de las energías renovables. En una reunión reciente en Madrid, anunciaron que han identificado hasta 1.500 millones de euros en activos bancarios en Estados Unidos, que reclamarían si el Ejecutivo español no actúa para cumplir con las deudas o no llega a un acuerdo para su pago. Aunque aseguran mantener una actitud conciliadora, están preparados para tomar medidas legales, incluyendo embargos de propiedades españolas en territorio estadounidense, si no obtienen la cooperación necesaria del Gobierno.
Representantes de los acreedores, incluido el abogado Matthew McGill, han comenzado un proceso de descubrimiento para localizar propiedades y flujos comerciales que pertenecen a España. El Gobierno sostiene que pagar estos laudos podría ser considerado como una ayuda estatal ilegal y reclama inmunidad soberana en litigios fuera de la UE. Sin embargo, los acreedores han dejado claro que están decididos a continuar con sus acciones legales y a presionar para que España cumpla con sus obligaciones, lanzando advertencias sobre las posibles repercusiones de ser catalogados como deudores internacionales en medio de un contexto geopolítico complicado que podría afectar a la inversión extranjera en el país.
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