La comisión de investigación impulsada por PP y Vox en las Cortes Valencianas para examinar presuntas irregularidades en el sector público instrumental durante el gobierno de Ximo Puig comenzará en octubre, después de haber recopilado miles de folios de documentación, aunque aún falta recibir más. Los partidos buscan mantener rigurosidad y evitar convertir la comisión en un «circo». Esta investigación surge después de una auditoría publicada en enero por el presidente valenciano Carlos Mazón, que reveló 253.122 contratos directos por 713 millones de euros y 4.000 contrataciones no autorizadas en 2021. Además, se denunciaron facturas sin registrar y transferencias bancarias sin titular.
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