El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por dirigir un intento de golpe tras perder las elecciones, ha solicitado al Tribunal Supremo cumplir su condena bajo arresto domiciliario debido a sus problemas de salud. Los abogados del exmandatario argumentan que su traslado a una prisión convencional podría tener «graves consecuencias» y representar un «riesgo para su vida». Mientras su defensa busca atenuar la pena, su hijo y portavoz, el senador Flávio Bolsonaro, ha instado a los simpatizantes del líder a participar en una vigilia de oración en apoyo a su padre, programada para celebrarse frente a su residencia en Brasilia.
En paralelo, el entorno político de Bolsonaro se enfrenta a un creciente escándalo tras la fuga de Alexandre Ramagem, un aliado y exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, también condenado por su papel en el complot golpista. Ramagem ha sido localizado en Miami, evadiendo así una orden de detención emitida por el juez Alexandre de Moraes, quien también está a cargo del caso de Bolsonaro. Esta huida se suma a una serie de fugas de otros políticos bolsonaristas que han buscado refugio en el extranjero, incluida una diputada que se desplazó a Italia y ha sido objeto de una solicitud de extradición por parte de Brasil. La situación incrementa la presión sobre las autoridades brasileñas para reforzar las medidas contra la salida no autorizada de individuos condenados o investigados por participación en actos golpistas.
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