Durante los últimos quince meses, la devastadora operación militar israelí en la Franja de Gaza, que ha resultado en más de 48.000 muertes, ha puesto en marcha una intensa discusión legal sobre si estas acciones constituyen genocidio. Entre los casos presentados en la Corte Penal Internacional de La Haya se destaca el de Omer Shatz, un abogado israelí que, junto con sus estudiantes de Sciences Po en París, ha analizado las declaraciones de líderes israelíes desde el 7 de octubre de 2023, buscando evidencias de incitación al genocidio. El informe elaborado acusa a figuras prominentes del gobierno israelí, incluidos Benjamin Netanyahu e Isaac Herzog, de incitar públicamente a cometer actos genocidas. Presentado en diciembre, el dosier aboga por que la incitación al genocidio, tal como está penalizada en el Estatuto de Roma, sea independiente de la ejecución del genocidio en sí.
Este esfuerzo judicial se desarrolla en un contexto de complejas relaciones internacionales y críticas a la comunidad global por una supuesta inacción. Shatz señala que la falta de intervención de países occidentales como Alemania y el apoyo militar de Estados Unidos a Israel reflejan una complicidad preocupante. En paralelo, la Corte Internacional de Justicia ha considerado «plausible» que Israel esté cometiendo genocidio, estableciendo medidas cautelares, y la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto por crímenes de guerra contra Netanyahu y otros líderes. En un terreno de frágiles acuerdos de alto el fuego, el proceso liderado por Shatz se centra en prevenir futuros genocidios, subrayando la importancia de las narrativas de deshumanización utilizadas para justificar la violencia extrema en la región.
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