La okupación sigue siendo un tema candente en España, generando debates intensos entre quienes consideran que la ley parece favorecer a los okupas sobre los propietarios. Un mito ampliamente difundido sugiere que si un okupa permanece en una vivienda durante 48 horas, adquiere derechos que complican su desalojo. No obstante, expertos legales desmienten esta creencia, insistiendo en que no existe respaldo jurídico para tal afirmación. Sonia Reina, abogada especializada en vivienda, subraya que este mito es una «aberración jurídica» sin base legal. La confusión, alimentada por ciertos discursos políticos y la falta de información clara, afecta no solo a propietarios, sino también a las fuerzas de seguridad, generando incertidumbre sobre cómo proceder en casos de okupación.
Por otro lado, la policía sí puede proceder al desalojo inmediato de una propiedad si se demuestra la comisión de un delito flagrante. Este procedimiento exige que el delito esté ocurriendo en el momento de la intervención, que el individuo involucrado participe directamente en la okupación y que haya una necesidad urgente de intervención para evitar daños mayores. Ante la complejidad del problema, Reina sugiere reformas legislativas, incluyendo cambios en la Ley de Propiedad Horizontal, un procedimiento sumario en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y endurecimiento de sanciones en el Código Penal. Estas propuestas buscan no solo solucionar el problema inmediato, sino también dotar a la policía de herramientas más eficaces para actuar de manera rápida y decisiva.
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