El ex ministro de Transportes ha anunciado su ruptura profesional con su abogado de confianza, argumentando «diferencias irreconciliables» como motivo principal. Esta decisión se produce en un momento crítico, cuando el exfuncionario enfrenta diversas investigaciones que podrían afectar su reputación y carrera política. La relación entre ambos había sido hasta ahora sólida y esencial para su defensa jurídica, especialmente en los procesos legales en curso. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre las discrepancias, fuentes cercanas al ex ministro sugieren que las tensiones habían ido en aumento en las últimas semanas.
Este abrupto cambio de defensa legal añade una nueva capa de complejidad a la ya tensa situación judicial. El ex ministro ahora se enfrenta al desafío de encontrar un nuevo letrado que pueda asumir inmediatamente su caso y reconfigurar su estrategia de defensa. Esta decisión genera incertidumbre sobre las futuras audiencias y el posible impacto en su situación legal. Analistas políticos y legales estarán atentos al desenlace de este cambio y su influencia en las investigaciones en curso. La opinión pública también sigue de cerca el desarrollo de estos acontecimientos, que podrían tener implicaciones significativas en el ámbito político nacional.
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