A partir del 1 de enero de 2026, los españoles que deseen acceder a una pensión completa del 100% deberán haber alcanzado los 66 años y 10 meses de edad, un incremento que responde a las reformas de pensiones establecidas en 2013. Esta modificación supone un ajuste progresivo en la edad legal de jubilación, que ha ido subiendo desde los 65 años iniciales para llegar a los 67 en un plazo de 15 años.
El nuevo umbral de edad varía en función del período de cotización acumulado por el trabajador. Aquellos que tengan menos de 38 años y 3 meses cotizados deberán cumplir con la edad de 66 años y 10 meses para acceder a la jubilación plena. En contraste, quienes superen ese periodo podrán acceder a la pensión al cumplir los 65 años, siempre que acrediten cotizaciones superiores a 38 años y 3 meses, facilitando así la transición hacia una jubilación más tardía y ajustada a la realidad demográfica y económica del país.
Este aumento en la edad de jubilación afecta principalmente a quienes tienen menos años cotizados: aquellos con menores períodos laborales deberán seguir prolongando su actividad laboral hasta casi los 67 años. Para quienes no logren alcanzar el mínimo cotizado, la exigencia seguirá siendo de 66 años y 8 meses en 2025, además de cumplir ciertos requisitos en cuanto a años totales de cotización.
Por otro lado, las condiciones para acceder a la jubilación parcial o anticipada también han sufrido cambios. En particular, la edad mínima para jubilaciones parciales sin contrato de relevo se ajustará a la edad ordinaria correspondiente en cada caso, y si la empresa realiza un contrato de relevo para cubrir la jornada parcial, la edad de acceso disminuirá a 63 años y 10 meses si no se alcanzan los 38 años y 3 meses cotizados, o a 62 años en casos de carreras laborales largas.
En cuanto a la jubilación anticipada, la edad mínima sigue en los 63 años para aquellos con menos de 38 años y 3 meses cotizados en 2026, o en los 61 años si la experiencia laboral supera ese período. La opción anticipada involuntaria, por su parte, permite retirarse a los 62 años y 10 meses, siempre que se cumplan ciertos requisitos en cuanto a años cotizados y circunstancias laborales.
Es importante señalar que, en las jubilaciones anticipadas, la Seguridad Social aplica coeficientes reductores sobre la pensión, que varían en función del tiempo de anticipo respecto a la edad legal y de los años cotizados. Estos descuentos pueden oscilar entre el 21% y aproximadamente el 2,81% en los casos más prolongados de adelanto. Por el contrario, retrasar voluntariamente la jubilación más allá de la edad establecida conlleva bonificaciones, incrementos que pueden ser a través de un porcentaje adicional, un pago único o ambas modalidades, dependiendo de la demora acumulada. Desde la reforma introducida en abril, el incentivo por demorar la jubilación aumenta un 2% por cada período de seis meses superiores a los seis meses de retraso.
Estas modificaciones en los requisitos y beneficios pretenden adaptar el sistema de pensiones a una situación demográfica en crecimiento y la necesidad de equilibrar sostenibilidad y justicia social. Sin duda, el aumento progresivo en la edad de jubilación y las nuevas condiciones para la retirada anticipada o parcial continuarán siendo temas relevantes para los trabajadores y las instituciones en los próximos años.
