En el Día Internacional de las Personas Migrantes, conmemoramos el 25º aniversario del reconocimiento por parte de Naciones Unidas de las valiosas contribuciones que las personas migrantes hacen a las sociedades en todo el mundo. Este hito nos obliga a reflexionar sobre los desafíos persistentes que enfrentan los migrantes, así como a reivindicar la protección efectiva de sus derechos, cada vez más vulnerados por políticas restrictivas e injustas.

El llamado a la Europa Fortaleza y al Estado español para revisar sus políticas de migración es urgente. Las barreras externas e internas que se imponen no solo obstaculizan la migración digna y segura, sino que además complican la estabilidad de quienes ya residen en dicho territorio. Dentro de España, el derecho al empadronamiento sigue sin consolidarse plenamente, afectando gravemente el acceso a servicios esenciales como la sanidad y la educación; la falta de este registro administrativo equivale a negar la existencia oficial de muchas personas.

La violencia institucional se ve exacerbada por discursos de odio que demonizan a las personas migrantes, manipulando la percepción pública y perpetuando abusos de poder. Resulta alarmante cómo la criminalización sistemática de las personas racializadas conduce a deportaciones y al internamiento en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), espacios donde los derechos humanos son continuamente vulnerados.

Recientemente se ha denunciado la apertura del mayor CIE del Estado en Algeciras, que puede alojar a más de 500 personas. Esto se suma a una preocupante expansión de la represión más allá de las fronteras europeas, ya que el Gobierno español ha contribuido a la creación de cárceles para extranjeros en Mauritania, lugares donde incluso los más vulnerables, como menores y bebés lactantes, son detenidos y luego abandonados en condiciones extremas.

En otro contexto, la cifra de más de diez mil muertes en el Mediterráneo en los últimos dos años pone de relieve el costo humano de las políticas actuales. La criminalización de la solidaridad en aguas internacionales y el notable incremento en el presupuesto de control fronterizo, que incluye más de 40 mil millones de euros en gasto militar por parte de España, figura como un reflejo sombrío del rumbo tomado por Europa.

Este panorama se agrava para las mujeres migrantes, quienes a menudo enfrentan precariedades y violencias exacerbadas, sufriendo abusos laborales, institucionales y sexuales. Este 18 de diciembre, mujeres migrantes en diversos países alzamos la voz en una declaración de solidaridad: NINGUNA PERSONA ES ILEGAL.

Es imprescindible que prioricemos la dignidad humana sobre el control fronterizo, construyendo puentes más que muros. La contribución de las personas migrantes no debe ser devaluada ni suprimir sus derechos por políticas de seguridad mal entendidas. En este día, reafirmamos nuestro compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos para todos.
Fuente: CGT