El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un nuevo paquete de 12 medidas destinadas a abordar el problema de la vivienda en España. Durante su intervención en el foro ‘Vivienda, quinto pilar del Estado de Bienestar’, Sánchez afirmó que su Gobierno está comprometido a garantizar que la vivienda sea «un bien asequible para la clase trabajadora y sus hijos». Sin embargo, el anuncio ha generado escepticismo, con críticas que señalan que las propuestas son más de lo mismo y podrían no resolver los problemas estructurales del sector.
Principales propuestas: fiscalidad, alquiler asequible y vivienda pública
Entre las medidas más destacadas se encuentra la exención del IRPF al 100% para propietarios que alquilen bajo el Índice de Referencia de Precios, sin importar si las viviendas están en zonas tensionadas. El objetivo es fomentar alquileres a precios más bajos.
Además, Sánchez propone un sistema de garantías para proteger a propietarios e inquilinos, con especial atención a los menores de 35 años. Este sistema incluiría la rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas al alquiler asequible durante un periodo de 5 años.
Otra medida relevante es la creación de un Proyecto Estratégico (PERTE) de Viviendas y Construcción, que busca modernizar e innovar el sector, con un énfasis en la reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales, como la Dana en Valencia.
En cuanto a la vivienda pública, el Gobierno ha anunciado la transferencia de más de 3.300 viviendas y 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada empresa pública de vivienda. Esta entidad gestionará también las más de 30.000 viviendas provenientes de la Sareb, conocidas como el «banco malo», que se destinarán a alquiler asequible.
Regulación: restricciones a las socimis y pisos turísticos
El paquete de medidas incluye reformas en el régimen fiscal de las socimis (sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria), limitando sus ventajas fiscales a aquellas viviendas que se destinen al alquiler asequible. Esta regulación busca evitar el uso especulativo de estas sociedades.
También se aplicarán nuevas reglas fiscales a los pisos turísticos, que serán tratados como negocios y tributados en consecuencia. Según Sánchez, «no es justo que quienes tienen varios pisos en alquiler paguen menos impuestos que los hoteles o trabajadores».
Otro punto polémico es la propuesta de limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes. Los compradores comunitarios deberán abonar el 100% del valor del inmueble, y se endurecerá la normativa sobre alquileres de temporada.
Críticas y dudas sobre la efectividad
Si bien las propuestas parecen ambiciosas, las dudas persisten sobre su implementación y efectividad. La exención fiscal para propietarios, por ejemplo, podría no ser suficiente incentivo en un mercado donde la oferta de viviendas sigue siendo limitada. Además, las reformas fiscales en socimis y pisos turísticos podrían tener un impacto desigual, con el riesgo de encarecer aún más el mercado de alquiler.
Expertos señalan que el verdadero desafío radica en aumentar la oferta de vivienda pública y garantizar la estabilidad normativa. Hasta ahora, muchas iniciativas similares han enfrentado dificultades para materializarse, dejando a miles de ciudadanos con escasas opciones para acceder a una vivienda digna.
¿Un cambio real o una estrategia política?
Las medidas anunciadas por Pedro Sánchez parecen más un gesto político que una solución integral al problema de la vivienda en España. Aunque abordan cuestiones relevantes como el alquiler asequible y la regulación de pisos turísticos, el impacto real dependerá de su implementación y de la capacidad del Gobierno para superar los desafíos estructurales del sector.
Mientras tanto, miles de familias seguirán enfrentando dificultades para acceder a una vivienda asequible, un problema que parece lejos de resolverse pese a los titulares optimistas.
