En un clima de creciente tensión y descontento, miles de familias se enfrentan a la incertidumbre laboral durante la temporada navideña tras las recientes medidas de estabilización implementadas en las administraciones públicas de toda España. La escena se complica con la convocatoria de una concentración masiva programada para el próximo 10 de diciembre a las 18:00 horas en la emblemática Puerta del Sol de Madrid, organizada por los sindicatos CGT, COBAS, CNT, SOLIDARIDAD OBRERA y STEM.
Las medidas, lejos de aportar la seguridad laboral prometida, han desencadenado una ola de despidos que amenaza con dejar a numerosos servicios públicos sin el personal cualificado necesario para operar eficazmente. Esto afecta directamente a sectores primordiales como la sanidad, la educación, y servicios de emergencia entre otros, extendiéndose a nivel local y autonómico, donde la falta de personal experimentado podría comprometer la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía.
Durante décadas, el abuso de la temporalidad ha sido una constante dentro del sector público, y en lugar de buscar soluciones sostenibles, las administraciones parecen haberse embarcado en un proceso de despidos masivos. Esta situación perjudica a miles de trabajadores, muchos con largos años de servicio y experiencia, revelando un impacto directo tanto sobre ellos como sobre la ciudadanía en general.
La polémica se extiende con la percepción de que, mientras se exige a las pequeñas y medianas empresas la conversión de contratos temporales a fijos, las administraciones públicas han recurrido a maniobras que perpetúan la precariedad laboral. Contratos de duración incierta, jornadas reducidas y empleo inestable, son algunos de los mecanismos señalados como parte de esta criticada estrategia que, según denuncian los sindicatos, deteriora gradualmente el Estado del Bienestar.
En Madrid, las cifras son contundentes: un 60% de las empleadas públicas experimenta la inestabilidad contractual, y gran parte de ellas pierde su empleo este diciembre, afectando notablemente a trabajadoras próximas a la jubilación. Se acusa a las administraciones de favorecer la privatización de servicios esenciales, donde ya sectores como la limpieza y los cuidados están en manos de empresas privadas, algunas cuestionadas por la transparencia de sus operaciones.
La situación actual pone en riesgo la continuidad de servicios públicos vitales y la estabilidad de miles de familias. Los sindicatos sostienen que el proceso de estabilización ha sido llevado de manera «irregular, injusta y caótica,» y denuncian que, mientras se desencadena un desmantelamiento silencioso de los servicios públicos, la precariedad amenaza con convertirse en la norma.
Con una llamada a la acción, el mensaje unificado de los convocantes es claro: por unos servicios públicos de calidad y en contra del maltrato institucional que sienten sufrir quienes han dedicado su vida laboral a servir a la comunidad. La movilización prevista en Madrid se perfila como un intento de revertir una tendencia que, según los críticos, erosiona la base del Estado del Bienestar en España.
Fuente: CGT
